Com a col·legi membre del CGCEES, ens fem nostre el seu a comunicat de rebuig a les peticions de la formació política VOX davant el Parlament d'Andalusia, demanant els noms de les treballadores i els treballadors de les unitats de violència de gènere:



"Los Colegios Profesionales, como corporaciones de derecho público, defienden el libre ejercicio de las/los profesionales y de los derechos de las/los usuarias/os y consumidoras/es, entre las que están las personas afectadas por violencia machista, cuya existencia e identidad se refleja en la larga lista de mujeres maltratadas y asesinadas.

Las medidas legales y jurídicas presentadas ante el parlamento andaluz por la formación política VOX, instando a que "el Gobierno de la comunidad entregue la lista, con nombres y apellidos, de todos/as los trabajadores y trabajadoras de la Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género" (empleados/as en equipos piscosociales de los Juzgados de Familia y de Menores que evalúan el riesgo de las víctimas de la violencia machista) no buscan otro objetivo que el de trasladar la presión sobre estos/as funcionarios/as como método de coacción y con ello poner en duda la propia existencia de la violencia machista.

Desde el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la medida propuesta, por el cuestionamiento profesional que se pretende realizar de las/los trabajadoras/es afectadas/os, además del ataque a la integridad de las víctimas de violencia machista, lo que repercute en el recorte de los derechos fundamentales de las personas.

Por ello instamos a la Junta de Andalucía a que no tome en consideración la petición presentada y siga garantizando la confidencialidad y la profesionalidad del trabajo realizado, la custodia de la identidad de las víctimas y las medidas de protección hacia ellas".

Barcelona, febrero 2019

 

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